La Agencia Estatal de Investigación de España.
Una propuesta concreta para la rentabilización del esfuerzo público en I+D
Por Juan F. Castro-Cal
PROPUESTA
La Agencia Estatal de Investigación (AEI) es el principal ente público para la financiación de la I+D en España asumiendo las competencias en el seno del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). En la presente entrada se hace una propuesta concreta para que, en su caso, la AEI tome la titularidad en la Propiedad Industrial e Intelectual que se genera con su apoyo financiero (en parte o totalmente) de modo que:
[1] Impulse la rentabilización del ingente esfuerzo público de inversión en I+D de España.
[2] Genere nuevas fuentes de ingresos independientes de los Presupuestos Generales del Estado.
[3] Incremente la posición de negociación en los procesos de vinculación y transferencia entre el sector público y el privado, aumentando tanto la eficacia como la eficiencia.
¿Es todo esto posible? Veamos.
INVERSIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Es un lugar común el afirmar la relevancia del esfuerzo que como país realizamos en financiar la Investigación y Desarrollo (I+D) como una de las claves para el desarrollo socioeconómico del país. Y es por ello que de forma habitual manejamos indicadores como el volumen de financiación y el porcentaje de inversión en I+D sobre el Producto Interior Bruto anual (PIB), el número de patentes solicitadas, o el personal investigador dedicado a tiempo completo a dichas tareas entre otros. De éste modo se realizan los diferentes diagnósticos de situación, comparaciones con el resto de actores de nuestro entorno o los análisis de evolución de los resultados en la ejecución de las políticas públicas.
Con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en España la I+D se realiza de un modo principal en instituciones públicas (Universidades, Organismos Públicos de Investigación entre otros) con un promedio entorno al 45% en el periodo 2000 – 2015. Así, las diferentes Administraciones Públicas (AA.PP.) destinaron más de 85.500.000.000 de euros en dicho periodo. Esto es,
⇒ El 1,23% del PIB de España en promedio anual.
⇒ El 8,5% del PIB de España en el total acumulado.
⇒ Aproximadamente lo que, hasta la fecha, han supuesto las garantías otorgadas por la Administración General del Estado a las entidades de crédito y a SAREB según informe reciente del Tribunal de Cuentas de España .
Diferentes entidades públicas y privadas analizan desde diferentes perspectivas la realidad del I+D de España. La Fundación Conocimiento y Desarrollo (Fundación CYD), la Fundación COTEC entre las más destacadas, o la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDEI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el ámbito de las Administraciones Públicas. Así, puede realizarse un seguimiento de la distribución de la inversión en I+D a lo largo de los diferentes planes plurianuales de I+D desde el primero 1988 – 1991 consecuencia de la Ley de la Ciencia de 1986 (Ley 13/1986 de 14 de abril). De éste modo, en una primera aproximación, podría justificarse como hipótesis [h.1] que cerca de un tercio de la cifra anteriormente señalada ha sido destinada a la ejecución de proyectos de I+D tanto de forma colaborativa (público – privada), como por parte de los diferentes actores del sistema. Más de 27.000.000.000 € en el periodo.
ALGUNOS RESULTADOS PÚBLICOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
A lo largo de un periodo algo más corto (2005 – 2015), el conjunto de Universidades Públicas Españolas solicitó 5750 patentes a nivel nacional según la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). De todas ellas 2116 solicitudes fueron con extensión internacional vía PCT (tratado de cooperación de patentes en sus siglas en inglés) mucho más solventes y robustas por la exigencia de búsqueda internacional. Así pues, las patentes PCT a terceros países son mucho más relevantes desde el punto de vista de su potencial de licencia y la generación de retornos económico en forma de regalías principalmente. Por su parte la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el principal organismo público de investigación de España, para el periodo 2001 – 2015 realizó 1899 solicitudes de patentes según los mismos datos. Pero, éste relevante indicador de generación de innovación y nuevo conocimiento ¿cuánto ha redituado?
Fuente. La Universidad Española en cifras 2014 – 2014
La gestión de la propiedad industrial e intelectual en las Universidades españolas se realiza a través de las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI ) asociadas en red a nivel nacional y dependientes de la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE). Con los datos publicados por la CRUE el total de las universidades públicas y privadas del país habrían ingresado un total de 19.839.000 € en concepto de regalías de las licencias de patentes en el período 2006 – 2014. Éste dato que no se puede completar con los ingresos correspondientes al CSIC, principal institución pública por número de solicitudes de patente, toda vez que éste no desglosa dicho valor en sus memorias públicas anuales. Igualmente es importante señalar que no se realiza una diferenciación entre los ingresos atribuibles a patentes nacionales (españolas) y aquellas con tramitación internacional vía PCT. Estas últimas suponen afrontar unas tasas ante la OEPM en el entorno de los 3200€ cada una, más el correspondiente mantenimiento de los derechos en cada territorio solicitado con carácter anual. Así pues, y en la hipótesis más favorable en la que todos los ingresos reflejados en el documento de la CRUE fuesen debidos a las patentes con tramitación PCT (hipótesis [h.2]), sólo en tasas éstas universidades habrían afrontado más de 6.700.000 € por dicho concepto. Siguiendo dicho argumento, la cifra anterior neta de ingresos sería de poco más de 13.000.000€ para el total de Universidades españolas.
Bajo las dos hipótesis propuestas anteriormente , por cada 2000€ de inversión en I+D por parte de las AA.PP. el sistema público de I+D genera 1€ de retorno mediante el mecanismo más potente de comercialización, la licencia de patentes:
2000 € inversión I+D ⇒ 1 € ingreso por regalías
PROPUESTA PARA LA AGENCIA ESTATAL DE INNOVACIÓN
Por su propia naturaleza el esfuerzo inversor de las AA.PP. es altamente dependiente del ciclo económico, lo que casa mal con las necesidades intrínsecas de cualquier empresa de largo recorrido como la I+D, cuyas estrategias deben de ser sostenidas en el tiempo. Y es por ello que durante décadas la comunidad científica ha reclamado con insistencia la creación de una Agencia de carácter nacional para la financiación de la l+D que, de acuerdo con criterios de excelencia, transparencia y concurrencia competitiva, proporcionase un marco estable de trabajo. De éste modo, en noviembre de 2015, el Gobierno en funciones aprueba la creación de la Agencia Estatal de Investigación asimilando las competencias y recursos de la Secretaría de Estado de Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad.
La filosofía subyacente a la inversión por parte de las AA.PP. es la correspondiente a un “centro de gasto”. No se plantean indicadores de “retorno de la inversión”, por ejemplo, probablemente debido a su enorme complejidad. Bien es sabido que la distancia entre la investigación más puntera y la innovación que llega al mercado hace que éste tipo de ejercicios suponga un elevado nivel de incertidumbre. Pero, dada la magnitud de la conclusión obtenida a partir de las dos hipótesis expuestas, ¿qué rol puede desarrollar la Agencia Estatal de Investigación? Volviendo a las tres cuestiones iniciales:
[1] Nuevas vías para rentabilizar el ingente esfuerzo público de inversión en I+D de España.
Se propone que la AEI tome la titularidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual, en parte o totalmente, generados a partir de las actividades financiadas por la misma. Dicha titularidad puede ser compartida, en su caso, con las Universidades y otras entidades perceptoras de la ayuda pública.
[2] Nuevas fuentes de ingresos de la AEI independientes de los Presupuestos Generales del Estado.
La AEI puede generar los mecanismos de valorización y comercialización de la cartera de títulos de propiedad industrial a valores de mercado en virtud de sus “objetivos y fines” y “funciones” (Art. 2 y Art. 5 respectivamente de su Estatuto). Una propuesta es mediante la realización de un concurso de provisión de servicio para la gestión y comercialización de dicha cartera titularidad de la AEI en un esquema de “canon anual + participación en retornos generados”. Concurso público que, por su magnitud, sería de ámbito europeo con sus correspondientes consecuencias respecto a la concurrencia, transparencia y nivel del servicio.
[3] Incrementar la posición de negociación en los procesos de vinculación y transferencia entre el sector público y el privado, aumentando tanto la eficacia como la eficiencia.
Como consecuencia del punto anterior, un actor capaz de contar con una cartera de derechos de propiedad industrial e intelectual en diferentes ámbitos de interés económico e industrial que aglutina a más del 50% de la producción nacional, se convertiría directamente en un punto de atención para todo el sistema. De éste modo la capacidad de llegar a acuerdos (eficacia), cómo el retorno generado por los mismos (eficiencia) supondría un relevante input desde la perspectiva de los ingresos, así como de potencial ejemplo de éxito para la participación público – privada.
Uno de los objetivos sería, en última instancia, minorar el paupérrimo ratio actual de retorno vía regalías respecto a la inversión de las AA.PP. en I+D [2000 € ⇒ 1€].
La propuesta aquí expresada se basa en criterios de autosustentabilidad, impulso de la colaboración público – privada de alto nivel, y no supone un incremento de estructura de la AEI. Ello elimina a su vez las tentaciones endogámicas al elevar (dado su volumen y entidad), la prestación del servicio al entorno europeo e internacional.
