Por Enrique Dans*
El trabajo llevado a cabo por la Vaccination Credential Initiative, una coalición formada por compañías tecnológicas y de salud, en torno al desarrollo de un pasaporte de vacunación, se apunta cada vez más como una de las necesidades más claras de cara a recuperar una actividad económica y una movilidad razonable. El pasaporte sería un documento electrónico en una app (con posibilidad de generar una copia impresa con un código QR para su verificación) que ofrecería, de forma relativamente sencilla, validez y garantías adecuadas para probar que una persona ha sido inmunizada contra COVID-19.
El documento, equivalente a la Yellow Card (International Certificate of Vaccination or Prophylaxis) que se utiliza para poder viajar a países que exigen la vacuna de la fiebre amarilla, sería necesario para actividades que van desde los viajes hasta el trabajo, el estudio o el acceso a eventos de todo tipo, recogería con los protocolos de seguridad y confidencialidad adecuados y vinculado con la identidad de la persona todos los detalles correspondientes a su situación de inmunización: tipo de vacuna, dosis o fecha de inoculación, asegurando así que el registro se llevase a cabo con un modelo estándar para las organizaciones que administran vacunas COVID-19, de manera que las credenciales puedan estar disponibles en un formato digital accesible e interoperable.
La respuesta de la Vaccination Credential Initiative se corresponde con las intenciones de algunas aerolíneas y países de exigir certificados de vacunación, con la dificultad que supone poder aceptar certificados de múltiples países y evitar la aparición de un mercado negro de falsificaciones. La idea es crear un registro digital confiable, rastreable, verificable y universalmente reconocido por todos los países del estado de vacunación, para permitir que las personas regresen de manera segura al trabajo, la escuela, los eventos y los viajes.
La posibilidad de crear pasaportes de inmunidad fue criticada al principio de la pandemia por algunos científicos, analistas y por la Organización Mundial de la Salud debido a las numerosas incertidumbres que existían con respecto a la inmunidad. Sin embargo, todo indica que las críticas se restringían a lo que suponía adoptar esas medidas demasiado temprano: ahora, tras la comprobación de que las vacunas aprobadas ofrecen unos niveles de protección adecuados, las críticas se centran más en aspectos relacionados con la exclusión de quienes decidan no vacunarse, en el sentido de la preocupación ética que puede suponer no ofrecer libertad con respecto a si vacunarse o no. Algunos hablan del supuesto precedente que supone exigir una vacuna para viajar, cuando en realidad ese tipo de certificados se llevan exigiendo desde hace varias décadas.
Las aerolíneas, como compañías privadas que son, pueden perfectamente tomar la decisión de exigir una prueba de vacunación del mismo modo que ahora, en muchos casos, exigen una prueba analítica PCR, y los países también pueden considerarlo un requisito para atravesar sus fronteras. El problema que se presenta ante esto es que, en muchos casos, la demostración de haber pasado un test es simplemente un papel con un sello, que ofrece posibilidades de falsificación sumamente sencillas. Portar ese tipo de documentos a un registro electrónico centralizado se presenta, a estas alturas, como una simple cuestión de sentido común. La pregunta, por supuesto, es hasta qué punto está el mundo preparado para desarrollar y aceptar una iniciativa verdaderamente global para una necesidad como esta, y si no terminaremos, como en el caso de las apps de trazabilidad, haciendo el ridículo con cientos de iniciativas aisladas y no interoperables entre sí.
Otras decisiones, como exigir esos certificados para acudir al trabajo, para entrar en un campus o en un espectáculo, dependerán de la legislación de cada país, pero deberían acomodarse a la imperiosa necesidad de evitar crear reservorios naturales para el virus: con millones de vacunas ya administradas en todo el mundo, mantener preocupaciones sobre su seguridad o argumentar supuestas preocupaciones en el largo plazo suena cada vez más a negacionismo o a excusa. Si quieres vivir en sociedad, deberías tener que probar que no estás dispuesto a convertirte, de forma irresponsable, en un peligro para ella.
¿Hasta qué límite debe proteger una sociedad a aquellos que están dispuestos a convertirse en un vector de contagio de una enfermedad peligrosa? Si nadie se rasga las vestiduras porque le exijan un certificado de vacunación para la fiebre amarilla cuando viaja a determinados países, ¿por qué debería hacerlo con respecto a una enfermedad que ha provocado una pandemia que ha provocado la muerte de más de dos millones de personas?
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